Constituciones catalanas de 1702 y 1706

septiembre 04 07:02 2017 Print This Article

Comentábamos la pasada semana, al hablar de los tratados de Utrecht y Rastatt que Felipe V se negó en redondo a aceptar las propuestas de la Gran Bretaña y del Emperador Carlos VI. También dijimos que se sentía traicionado por los catalanes y que, por nada del mundo, aceptaría nada que no fuera aplicar el decreto de Nueva Planta. Ahora bien, ¿por qué Felipe V se sentía traicionado? ¿Qué había hecho Cataluña? Para contestar estas preguntas tenemos que conocer lo que se aprobó en las Cortes catalanas del 1701-1702 y las de 1705-1706.

El 12 de octubre de 1701 se iniciaron las Cortes catalanas bajo la presencia del rey Felipe V. En ese momento Cataluña había aceptado el testamento de Carlos II y reconoció al nieto de Luis XIV de Francia como legítimo rey de España. Las Cortes se prolongaron hasta el 14 de enero del 1702. En ella se aprobaron una serie de constituciones, capítulos y actas, que debían marcar el futuro político de Cataluña. Nadie se esperaba que esas fueran las antepenúltimas Cortes, aquellas surgidas en la Edad Media y que habían estructurado el poder legislativo y judicial de Cataluña durante siglos.

Por descontado la aceptación de Felipe V no era gratis. La admisión desde el minuto uno del nuevo rey suponía que este fuera benevolente no solo con los catalanes, sino con las leyes que regían aquel territorio. Dicho de otra manera, mantener los mismos usatges que, desde la Edad Media habían sido la base del gobierno catalán y, claro, mejorándolos lo máximo posible.

¿Qué mejoras consiguieron? Si bien no hizo concesiones al tema del alojamiento de los soldados -un mal endémico a lo largo del siglo XVII- y tampoco cedió en el tema de la insaculación. Es decir, la manera de elegir a las personas para cargos públicos relevantes, en concreto para la Diputación del General y el Consejo de Ciento. Sin embargo, Felipe V aceptó lo siguiente:

La nulidad de todos los actos de gobierno llevados a cabo desde el 1599 y contrarios a los usatges y constituciones catalanas; reimprimir las anteriores constituciones; cumplir el usatge de Aucthoritate et rogatu, el cual protegía a los oficiales reales y de la administración de justicia para perseguir a los infractores de las leyes y mantener el orden público; la creación de un tribunal encargado de juzgar transgresiones de las leyes; la asignación de beneficios eclesiásticos; la asignación a naturales de Cataluña de beneficios eclesiásticos excepto para cuatro cargos designados tanto por el arzobispo de Tarragona como por el obispo de Urgell; asignar al consejo de Santa Clara de Nápoles y al magistrado extraordinario de Milán de representantes catalanes; que el cargo de protonotario de la Corona de Aragón fuera rotatorio entre Aragón, Cataluña y Valencia; retirar las leyes del Santo Oficio; mantener las leyes de expulsión de los gitanos; los empleados públicos pagarían impuestos y estarían sometidos a la jurisdicción ordinaria; cualquier producto destinado a la Familia Real o al Ejército que pasara por Cataluña pagaría aranceles; establecer un puerto franco en Barcelona y poder enviar dos barcos anuales a América; no pagar aranceles sobre el vino, aguardiente y productos agrícolas cuando se exportaran a otros puertos españoles.

Ambas partes quedaron satisfechas. Cataluña y Felipe V se beneficiarían mutuamente gracias a aquellas constituciones, capítulos y actas. Teniendo este frente cerrado Felipe V, al poco de estallar la guerra de Sucesión, decidió embarcar hacia Nápoles. Era el 8 de abril del 1702. El nuevo virrey, el conde de Palma del Río, juró su cargo el 10 de abril del 1702. Las buenas intenciones duraron poco tiempo.

Como dijimos dos vigatans firmaron, en nombre de Cataluña, el Pacto de Génova con la reina Ana Estuardo de la Gran Bretaña. Con ese pacto se cambio de bando y quedaron revocadas constituciones firmadas en 1702. Con el nuevo rey, el archiduque Carlos, se quiso pactar unas nuevas constituciones en unas Cortes iniciadas el 5 de diciembre del 1705. Como era de esperar le pidieron nuevas prebendas y este las aceptó. Era lógico que lo hiciera. Entre otras cosas se reforzó el proyecto económico con nuevas medidas; se consiguió la devolución de las insaculaciones; se mejoraron sustancialmente las competencias del Tribunal de Contrafacciones; se regularon los alojamientos de los soldados, entre otras cosas. En definitiva, se consiguió un poco más que en las del 1702 y esto gustó a los políticos catalanes. Ahora bien, estos tuvieron que pasar por el tubo. Como escribe en Anales de Cataluña (1709) Feliu de la Peña y Castellví, el archiduque…

declaró en la Constitución primera destas Cortes con uniforme aprobación, y libre, y espontanea voluntad de los Estados, ò Braços de la Provincia, que era Rey, y Monarca legitimo de toda la Monarquía Española, excluyendo de la Succession de ella para siempre, à todos los de la Casa Real de Francia, y Principes de aquella Corona, con magnanimo desprecio de las fuerças enemigas; assegurados Rey, y Vasallos en el favor Divino, y proteccion de los Santos Tutelares, que favorecieron á este Principado para la accion mas gloriosa, y magnanima que puede leerse en los Anales de la Fama”.

Como apunta Feliu de la Peña:

la ley de exclusión de los Borbones no la propuso la corte general, pues fue por constitución y sólo la aprobó por aquella parte que creía tener derecho, perteneciente a decidir del litigioso entre las partes competidoras a la sucesión en cuanto al condado de Barcelona […]. Unos consideraron el consentimiento de los catalanes sin autoridad para ello; otros, que excedía los límites de temerario; otros, por arriesgado; pocos, por heroico. Los catalanes encontraron relevantes dificultades en ejecutarlo. Esto detuvo el curso de las cortes. Determinóles a la ultimada deliberación las seguridades de Mitford Crowe, enviado de Inglaterra, y el querer la nación recompensar la fineza que el rey Carlos les declaró de quedarse a la defensa de Barcelona a morir y vivir con ellos, no obstante que veían a sus ojos los inminentes riesgos de la fuerza de dos ejércitos a la vista de la capital, con pocas esperanzas de pronto socorro”.

La decisión de los representantes catalanes era un camino sin retorno. Una vez traicionado Felipe V debían defender al archiduque Carlos hasta las últimas consecuencias. Que decidiera marcharse y acceder al trono del Sacro Imperio Romano Germánico fue un duro golpe. Por eso siguieron adelante, cuando todos habían dado por terminada la guerra, hasta el 1714. Sabían que no había marcha atrás y que, de rendirse, lo perderían todo. La deslealtad y la traición siempre han tenido un precio. Y en esta ocasión quedó plasmada en la implantación del decreto de Nueva Planta. Roma no paga traidores y menos Felipe V.

César Alcalá

Historiador

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1 Comment

  1. Joan
    septiembre 04, 13:26 #1 Joan

    Amb aquest testimoni històric els mateixos unionistes us quedeu amb el cul a l’aire intentant falsificar la història: la gran mentida espanyola que Espanya va néixer el 1492 amb els reis catòlics.

    Al final la història és inequívoca, i us rendir a l’evidència, abans del Decret de Nova Planta Catalunya ERA TAN SOBIRANA que els monarques havien d’acceptar i jurar Els Usatges (diferents als castellans) i Catalunya era tan lliure que podia canviar de bàndol i decidir lliurement en qualsevol moment. No us aniria malament llegir una mica més, analfabets.

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