Esteladas y pitada al himno español

Mayo 23 17:23 2016 Print This Article
José Manuel Gómez

José Manuel Gómez

Las normas de la U.E.F.A., – art. 2 y concordantes-,  no son ajenas a la Ley interna y normas de Derecho Internacional ratificados por España de obligado cumplimiento, por lo que cuando el Sr.  Javier Tebas, Presidente de la Liga de Fútbol habla de que la “estelada” como un símbolo de la destrucción de España, y que ello chocaba con el “objeto” del evento, un claro acto “deportivo”, viene en cierta medida a coincidir por lo resuelto por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 15 de Madrid, que opta por la inadmisión del recurso presentado por el F.C.B. en defensa de la libertad de expresión, entre otras razones, por no tener legitimación dado que es persona jurídica, y que además el objeto social de sus Estatutos, no incluyen ideas políticas, y que en contrapartida, tendría la obligación de acatar la seguridad, que sería más una decisión técnica de la liga profesional más que del Juzgado.

En contrapartida, horas antes, otro Juzgado de la misma jurisdicción, ahora el nº 11, daba la razón a las medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Juristas Drets conforme, permitía el acceso al estadio de las banderas esteladas, en base a esa misma libertad de expresión, quienes alegaban perjuicios de imposible reparación en caso de mantenerse la prohibición solicitada por la Delegada de Gobierno de Madrid.

El segundo Auto  de inadmisión del Juzgado nº 15, lógicamente no cuestiona ni puede al previo del Juzgado nº 11. No obstante, se intuye entre ambos una dicotomía en cuanto al mismo objeto, pues uno habla de mero contexto deportivo y de hipotético riesgo que sería competencia exclusiva del organismo deportivo el poder apreciarlo, excluyendo al Juzgado. El segundo, por el contrario, entra en el fondo de dicha petición cautelar y en base a la libertad de expresión,  y de no haber demostrado la Fiscalía ni el Abogado del Estado el hipotético riesgo de incitar a la violencia, por lo que hace primar dicho derecho fundamental.

En mi modesta opinión, más que el primar un derecho fundamental sobre otros con el mismo rango, labor que tampoco efectúa el Juez en toda la profundidad requerida, quien también omite el derecho internacional de obligada aplicación pese a no haberlo alegado las partes que se oponen; el error, en línea con el Auto del Juzgado nº 15, estaría en mezclar el “objeto”, es decir la ideología con la libertad de expresión frente a cuestiones técnicas más propias de la “seguridad ciudadana” como bien jurídico preferente a tutelar como “fin” último tendente a la integridad física y evitar actos degradantes del Art. 15 CE., que sería en definitiva el orden público de obligado cumplimiento por parte de los poderes públicos acorde al Art. 9 CE.

Siguiendo este razonamiento, por ser notorio lo que significa seguridad y orden público, centrémonos en el otro objeto  que ha prevalecido ¿Por qué debe ser preferente la exhibición de la estelada?

Según los demandantes, la misma fue aprobada por el Parlament en el año 2014. Si lo comprobamos, veremos que tal decisión, como símbolo de un “anhelo” y reivindicación democrática, fue en contra de los votos de PP, C´S y UPD. Este último partido, a través de su representante, Ramón de Veciana, expresó que ello representaba un paso más a la ruptura de la “convivencia” democrática, y que en base al Ordenamiento Jurídico Español era ilegal, excediendo las competencias de la Cámara acorde al Estatut. En otras palabras, curiosamente coincide con las ahora expresiones actuales del Presidente de la Liga de Fútbol.

Siguiendo analizando el objeto de controversia, ¿De dónde procede realmente tal bandera?. Su estrella formaba parte de la bandera rebelde del ejército cubano, bandera que fue tristemente arrebatada al enemigo en Cuba y expresamente traída por unos “cuantos” regulares catalanes con el fin de torpedear la unidad de su propia nación inmersa en el pesimismo manifestado por la generación literaria de 1.898 y que a la larga nos llevó a dos dictaduras sucesivas y a una cruenta Guerra Civil, nada menos que con 1.000.000 de muertos según Gironella. Todo ello se hubiera evitado de respetarse la CE., “republicana” de 1.931. Fue  significativo tal poco honorable acto, reflejo posiblemente en que era la primera vez que el Estado recurrió al alistamiento público. Paralelamente a lo anterior, Vicenç Albert Ballester, gran separatista la promocionó en el extranjero, persona que firmaba con las siglas VICIME ( viva la independencia de Cataluña y muera España).

Centrémonos ahora en la lógica humana, a la cual debe responder y adecuarse el Derecho, que  indicaría de que quien opta por participar en un evento deportivo, y en una  copa además nacional como es la del  “Rey ”, con las connotaciones y símbolo que ello  representa y le son propias en cuanto a “Reino de España” y del “Jefe del Estado”, rechazaría por si sola la idea de querer-odiar- lo que aparentemente se “ anhela”, similar a la teoría de los actos propios como principio general de derecho.

En igual sentido del contexto, por ser puro evento deportivo, y no “político”; no debe  ignorarse la mala fe y el claro abuso de derecho, pues quien exigiría lo ilegal en este caso, pretende que lo legal sea ilegal en sus Ayuntamientos retirando la bandera nacional española preceptiva por el Ordenamiento Jurídico propio de un Estado social, democrático de Derecho internacionalmente reconocido. Ese considero, es otro punto fundamental que omite el Juzgado, pues dicha exigencia, era requerida no solo por el F.C.B., sino además por el máximo representante de la Comunidad Autónoma, el mismo Presidente de la Generalitat, la ANC, etc.

Para desterrar cualquier otra duda que nos pueda tachar de subjetivos, observemos que las normas del oportuno organismo público que debe velar por la seguridad del evento, la Delegación de Gobierno; es la que tiene también como único fin y objetivo la necesaria  paz social y orden público; más las normas propias de la UEFA., de aplicación ineludible, y observen que ambas además, están en relación directa con la normas de derecho interno ( que ya omitimos) más las de Derecho Internacional de preceptivo cumplimiento interno acorde al Art. 10.2 CE., pese a que sorpresivamente no lo hayan a alegado los servicios jurídicos del Estado:

 La Convención Americana de Derechos Humanos 1969, en su art. 13.2 a) y b) respeto a derechos y reputación de los demás; protección del orden público; art. 5 contra el odio nacional, incitación a la violencia.

La Convención Europea de Derechos. Humanos del Consejo de Europa art. 10 y 11 conforme no es un derecho absoluto ni ilimitado, no vejando los derechos de otras personas.

Carta Europea de Derechos Humanos de 24-5-1988 en cuanto ofensas al Estado y contra la tolerancia en sociedad democrática en el interés público del deber de respetar pactos internacionales firmados por España como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Europea de  Derechos Humanos.

Doctrina de Joel Feinberg 1985 sobre el principio de ofensa, interés general….

John Stuart Mill 1859 en discursos al odio, primar la lógica en vergüenza social, evitando daños al resto.

Héctor Faundez Ledesma sobre sistema de valores inherentes a la democracia, sopesar el conflicto  en diversos bienes jurídicos en juego.

  1.  Stcia. 176/95de 11-12 sobre instrumentos internacionales y jurisprudenciales en cuanto a respeto a la dignidad humana individual en marco de la constitución.

Caso EEUU New York Times C.O. y Sullivan de no interferir en libre expresión en cuanto a lo político aunque sea negligente a condición que se hayan emitido con buena intención.

Conclusión: tal libertad de expresión, no es un fetiche, ni sagrada, por lo que se debe ponderar con pautas lógicas tanto por el bien jurídico, como por el oportuno juicio de valor, buscando en definitiva el equilibrio.  El Estado es sujeto pasivo,” garante” en  proteger a terceros en cuanto a odio, discriminación… Y si la amenaza política es real y factible, poner restricciones.

Balancing constitucional: Nuestra constitución, es clara, art. 2 unidad ; 9.3 arbitrariedad de los poderes públicos en cuanto a derechos individuales; art. 10 dignidad de la persona y sus derechos inviolables, respeto a la ley y a la paz social; 10.2 en cuanto a interpretación de tales derechos; art. 14 igualdad ante la ley; art. 15 integridad moral en cuanto a tratos degradantes; art. 18 garantía al honor; libertad de expresión del art.20 garantizando el pluralismo social; art. 24 derecho de protección judicial derechos. ¿Qué se alegaría como “bien jurídico” como núcleo  a sopesar en contra? ¿Sentimientos, anhelos, legalidades?

Si bien el derecho de libertad de expresión, tradicionalmente, ha interpretado al Estado como un sujeto pasivo, en la actualidad complejos bienes jurídicos de una sociedad moderna, en lógicos nuevos conflictos de bienes jurídicos en juego, llevan a interpretarlo en sentido inverso, buscando la proporción.

No olvidemos que aquí, se produce la paradoja de que siendo la pretendida exhibición  de bandera extraña  junto con una pitada al himno nacional como actos  premeditados, propiciado por partidos políticos anti sistema y tolerado – propiciado por la propia  Generalitat que más bien se comporta como la “particularidad” de una minoría,  el tema es más crudo si cabe, pues entrarían otras figuras penales que atañen a las autoridades públicas, entre otras multiples la del art. 543 del Código Penal referido a  ofensas o ultrajes por palabra y hechos a España.

En definitiva esta libertad de expresión no puede ser patente de corso para practicar caprichos, que además sean pilar de ofensa a una amplia generalidad del pueblo español que en su conjunto entiende  una ofensa a los símbolos e himno con los cuales se identifica. La libertad de expresión tiene indudable e ineludiblemente unos límites y limitaciones en los propios, únicos y exclusivos parámetros de la CE., ya sin necesidad de acudir a ninguna otra norma alguna del Ordenamiento Jurídico y de rango inferior, lo que tradicionalmente se ha conocido como “balancing constitucional” de origen norteamericano, de amplia solera internacional, cuyo fiel reflejo es la propia jurisprudencia de nuestro TC.

Incluso el derecho fundamental del derecho a la vida, no es un derecho absoluto, pues tiene en determinados supuestos lógicas excepciones, cuanto más la libertad de expresión, que siendo preeminente en rango, por ser base y puente  para lograr precisamente los otros derechos también fundamentales, no puede en modo alguno a sensu contrario, anular a estos, por lo que se debe sopesar el núcleo y el bien protegido en cada supuesto, justificando así su razonamiento de optar por uno u otro como prevalente  en cada caso.

Replicarán los supuestos intelectuales, que parece son muy doctos en “derechos”, incluso en los no inventados en toda la faz de la Tierra; pero poco en las “obligaciones”;  conceptos con los que pretenden alterar desde sus respectivas visiones locales nada menos que el mismo  “status quo” internacional,  y nos dirán que no habría igualdad de trato respecto a otras símbolos que puedan concurrir al evento, tales como banderas pre-constitucionales; a lo que les respondería, que no hay igualdad de trato dentro de la ilegalidad, ni en todo caso tienen esas proporciones que con tal actuar ellos pretenden, y mucho menos, por ser una etapa histórica superada, en nada tiene comparación con un peligro latente en el momento actual de lo que ellos provocan.

Que salvo el PP., los otros dirigentes políticos de forma errónea se expresen a favor de esa supuesta e inexistente libertad de expresión, dado el contexto y el interés electoralista obvio de por medio, no son  ni mucho menos significativos por falta de mínima objetividad.

El hecho que en su día el Magistrado de la Audiencia Nacional haya archivado el tema de las pitadas al himno en el F.C.B., en base al precedente – que no Jurisprudencia anterior- , resultado de que el Ministerio Fiscal en dicha ocasión  previa no hubiese recurrido, – lo cual  dice mucho de la desidia de la Fiscalía en temas claves que explica el entuerto actual-; pues de haberse acudido al amparo en su día  al TC., en base a su propia Jurisprudencia y acorde a dicho exigente “balancing”, hubiese optado sin duda por su penalización. Ello sin olvidar, que dichos hechos ya dieron lugar a una multa al F.C.B por valor de 40.000 euros por parte  la organismo deportivo responsable del evento.

A pesar de lo anterior, y en un plano no jurídico, aplaudo la decisión práctica judicial para evitar males mayores, como también aplaudo a la sociedad española que demuestra día a día una madurez y compresión inaudita con tal problema identitario de un minoritario sector de la población de esa España profunda que no acaba de superar el síndrome de 1.898; pero sobre todo, me alegro que dicho riesgo real y latente, no haya terminado en graves incidentes por mera sabiduría de ese mismo soberano.

Como paradoja decir que en “el arte de la guerra”, una planificada  “derrota” puede ser una genial “victoria”, y esta vez en lo que a mí atañe,  reconozco que debo quitarme el sombrero, pues aunque todos han salido de la feria contentos, unos más materialista y astutos llenarán con creces más sus alforjas, mientras otros más idealistas, llenaran sus sueños.

En último extremo, cualquier país civilizado, tiene unas normas muy claras al respecto y se supone que son plenamente democráticas por cierto. Ello sin olvidar que el objetivo  y fin  era  una “provocación” en regla que paradójicamente pretende dar alas a un sueño para unos cuantos, – pesadilla para  otros que son  legión de mayoría-; y que afortunadamente la cruda realidad,  como si Sol fuese, se ha encargado de disipar como  la niebla, lo que sueño era.

José Manuel Gómez

Abogado

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