El Archivo de Salamanca

abril 21 11:34 2016 Print This Article
Josep Ramon Bosch

Josep Ramon Bosch

Resulta triste comprobar como unos ciudadanos deben convocar una manifestación en Barcelona para exigir que el Estado Español; en fase de abducción, derribo y liquidación; reclame la devolución de unos documentos que pertenecen a todos los españoles y cuya propiedad ha sido hurtada por el chantaje egoísta de unos dirigentes separatistas que se han dedicado a saquear el patrimonio común de todos nosotros y que contaron con la colaboración de unos políticos mediocres jugando a la corrección política, al revanchismo y al entreguismo bobalicón, con el agravante de creer en la falsa bondad de unos dirigentes separatistas que buscaban exclusivamente la segregación de un símbolo que les sirvió para reforzar el discurso de la desconexión y de ruptura de España. Los separatistas ganaron la batalla de la comunicación. Los papeles y el archivo les importaban un bledo.

Los llamados “papeles de Salamanca”, fueron reclamados con ahínco por el gobierno catalán en el 2008, mediante una encomiable campaña de movilización popular a través de una millonaria inversión publicitaria y propagandística, que se topó con la enconada oposición de la población de Castilla y León y sus dirigentes, que calificaron la devolución como un “expolio”. Los documentos fueron finalmente entregados a la Generalitat, por la decisión del Tribunal Constitucional con fecha 31 de enero de 2013, lo que supuso el primer gran triunfo para las tesis secesionistas y una clara humillación a la unidad de España, por lo que suponía de segregación simbólica y ejemplo ante la propuesta secesionista que escondía realmente la petición de los papeles salmantinos.

Una devolución que se ejerció sin ningún control histórico para sorna de los enemigos de la unidad, con amplio regocijo de los palmeros y tristeza de una mayoría acobardada y silente; con el agravante de que muchos de los papeles no fueron debidamente copiados en el archivo salmantino por lo que la destrucción del legado de nuestra historia reciente ha quedado salvajemente mutilada y además -según sentencia judicial-, la Generalitat se empeña en mantener indebidamente en su poder, al no devolver a sus dueños legales más de cuatrocientos mil de los casi millón y medio de documentos que se expoliaron del Archivo de Salamanca. Además se han negado a responder todos los requerimientos judiciales que le reclaman una explicación de la apropiación indebida de esta propiedad común del conjunto del pueblo español.

Hagamos un poco de memoria histórica, hoy tan en boga por los nuevos políticos revanchistas. El nacimiento del archivo se inició con la recolección de la documentación incautada; desde banderas a fotografías, documentos y consignas; todo ello requisado después de la victoria franquista, siendo su destino final Salamanca, con la intención de crear un centro para ejercer la represión sobre los republicanos derrotados. El 26 de abril de 1938 el ministro catalán Serrano Suñer (cuñado de Franco) creó la “Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos” (DERD) poniendo a su frente a Marcelino Ulibarri, para centralizar la información de los elementos que tuvieron protagonismo durante la República y elaborar fichas personales con los datos recopilados. Por tanto el Archivo se convirtió en la fuente de información de la que disponía el Régimen para sus actos de persecución contra los derrotados, y es innegable que la mayoría de la documentación existente en Salamanca procede del saqueo de archivos ubicados en el llamado bando republicano, puesto que una parte significativa de documentos de lo que fue el bando nacional, permanecen en los archivos de las instituciones diseminadas por España. En Salamanca, con todos los argumentos expuestos, se conservó un inmenso patrimonio de todos los españoles, que se salvó de su destrucción, a pesar de los fines espurios por el que fue creado, y que debe representar un patrimonio común que debemos conservar.

A partir de la transición democrática, el archivo se abrió a los investigadores convirtiéndose en la principal fuente de investigación y consulta para los historiadores, creándose en 1979 la “Sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional” y posteriormente en 1999 en el “Archivo General de la Guerra Civil”.

Casi ochenta años después del fin de la lucha fratricida y ante los argumentos sesgados del separatismo, es el momento de recordar la actuación de la Generalitat republicana durante el conflicto referente a la protección de los bienes comunes. La actuación protectora sobre los archivos municipales y eclesiásticos, resultó nula, los archivos protegidos por mediación de los responsables de la Generalitat en 1936 no pasaron de la treintena, lo que supone sólo un 4’7% del total protegido de las ansias destructoras de los controlados revolucionarios, llamados de forma sarcástica “incontrolados”. Lo cierto es que a Cataluña fueron 150 los archivos municipales devastados (el 60% del total de archivos destruidos en España), y más de una tercera parte de estos se destruyeron en la demarcación de la provincia de Tarragona (resultaron totalmente quemados los d’Albinyana, Albiol, l´Aldea, Aldover, Altafulla, Ascó, Batea, Benifallet, Bràfim, Camarles, Cambrils, Caseres, la Cava, Corbera de Ebro, la Fatarella, la Figuera, Flix, Gandesa, Garcia, Ginestar, Gratallops, los Guiamets, las Irles, Jesús y María, el Lloar, Marca, Margalef, Masarbonès, Masllorenç, Miravet, Montroig, Mora la Nova, el Morell, la Mussara, los Pallaresos, la Palma de Ebre, Pla de Santa Maria, el Pont d’Armentera , Rasquera, Roda de Bará, San Carlos del Valle, Santa Coloma de Queralt, Santa Oliva, Santa Perpètua de Gaià, Sarral, Tamarit, Tivenys, Tivissa, Vallmoll, Vandellós, Vilalba, Vilaseca, Vinebre, Xerta). La declaración del secretario de la Fatarella es suficientemente elocuente y representativa de lo que fue la destrucción en toda Cataluña:

“Antes de la revolución existían documentos de esa clase [antiguos], pero todos fueron destruidos por los rojos, los cuales entregaron a las llamas todo lo que existía en los archivos de esta localidad”.

En el partido de Tortosa, sobresalen los casos de Rasquera, donde “Los elementos revolucionarios penetraron en el archivo de la Secretaría del Ayuntamiento y destruyeron y se llevaron un gran número de documentos”, o de San Carlos de la Rápita, donde los documentos ” fueron quemados por los revolucionarios momentos antes de ser liberada la población “, son bastante indicativos de la devastación que allí sufrieron los archivos municipales poco antes de terminar la guerra. Pero si los archivos municipales fueron casi destruidos en su totalidad, los parroquiales salieron peor parados. La persecución contra la Iglesia católica en el Principado durante los primeros días de la guerra civil fue brutal, con el masivo asesinato en la retaguardia republicana de sacerdotes y laicos (sólo en el verano de 1936 fueron abatidos más de 10.000 catalanes) y la desaparición de un riquísimo patrimonio tanto artístico como documental. No sólo fueron las iglesias, con sus ricos cuadros, imágenes, iconos, retablos y bellezas acumuladas durante centurias por los catalanes lo que fue pasto de las llamas; también se destruyeron los archivos notariales, los fondos registrales y sobre todo archivos particulares de mucha gente que nunca podrá reclamar sus papeles.

Indudable fue la represión franquista y la recolección de papeles y documentos que se ubicaron al final de la contienda en Salamanca. Incontestable fue el ansía destructora de los separatistas en Catalunya, llevando al fuego millones de documentos y de joyas artísticas irrepetibles. El archivo de Salamanca quiso ser ejemplo de reconciliación, símbolo de paz, hermanamiento y unidad. Además de archivo de consulta de unos momentos tristes y dolorosos para todos los españoles.

Es cierto que son sólo unos papeles, unos documentos que pueden tener un dueño o heredero, pero para todos son un símbolo. Para los separatistas la devolución de los papeles de Salamanca ha significado un triunfo sobre España. Para los que creemos en la unidad, la requisa de los papeles significa la claudicación del proyecto común.

Y por ello este viernes se movilizan unos pocos hombres y mujeres que reclaman la unidad de España y la dignidad de nuestro país, y exigen la devolución de aquellos documentos.

El estado los ha dejado solos. Nosotros no hemos de dejarles solos.

Josep Ramon BOSCH

Historiador.

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