La alcaldesa Colau y su particular sentido de la libertad de expresión

marzo 10 18:46 2016 Print This Article
José Manuel Gómez

José Manuel Gómez

Viendo las imágenes televisivas de la “visceral” arremetida de nuestra Excma. Alcaldesa contra los oficiales del Ejército de Tierra en el Salón de Enseñanza, siento vergüenza ajena, aunque ella, lejos de ruborizarse, es sabedora que tal “ desaire” a dichas personas y por ende a la Institución del Ejercito, le dará muchos más votos entre su particular clientela política, la cual afortunadamente, no es la de la generalidad de los ciudadanos de esta ciudad, por lo que agradeceríamos a dicha responsable política, se abstenga de expresarse en nombre de todos los barceloneses.

Vino a expresar que le agradaría que no estuvieran en dicho público evento, en otras palabras, declarándolas “personas non gratas”, pues en su particular visión, entiende que la función  educativa del Salón, no debe ser esa.

Da la casualidad, que dicho “stand” del Ministerio del Ejercito, es legal, y por ende su actividad es lícita, salvo parece ser en la mente de la Alcaldesa; pues es una salida más a las ya difíciles expectativas de trabajo de los jóvenes, por cierto lícita, legal por nuestro propio Ordenamiento Jurídico, que ella debe ser la primera en respetar y dar ejemplo.

Tal “frivolidad”, por buscar un adjetivo suave, incurriría en las siguientes particularidades:

1.- Muestra una educación y un estilo, o falta de él,  al que desgraciadamente ya nos tiene acostumbrados

2.-Va contra la normativa vigente que ella, es la primera que debe de respetar respecto a una Institución oficial que tiene legal y larga presencia en dicho Salón de Educación.

3.- Afecta a derechos fundamentales consagrados en la Constitución española, con especial tutela jurídica ante su agresión:

-Art. 14 sobre “ igualdad” ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna contra una profesión perfectamente legal y reglada; amparadora por ende del mismo orden constitucional que, parece ser el objetivo final del linchamiento antidemocrático bajo el supuesto paraguas inexistente de la libertad de expresión, el cual, debo recordar, no es un derecho “absoluto”, pues no lo es ni la vida en determinados supuestos; es decir, como el resto de derechos, tiene unos “límites y limitaciones”.

-Art. 15 sobre derecho de integridad moral de las personas e instituciones.

-Art. 19 La libertad de deambulación, en cuanto se les está invitando a irse de un espacio público en el que además legalmente están legalmente ubicados, discriminandolos en definitiva.

– Art. 17 Derecho al honor y propia imagen, como personas y por ende como Institución primordial que están representando, en el lugar y en el momento además adecuado.

-Art. 27 Afecta por ende al derecho de educación y a la libertad de enseñanza tendente al pleno desarrollo de la personalidad humana que precisamente, deberán garantizar los poderes públicos, incluyendo la Alcaldesa.

-Art. 20 Libertad de expresión en difundir libremente pensamientos e ideas, así como a comunicar verazmente información de  tipo profesional en este caso.

Todos estos derechos, como fundamentales que son, tienen una especial protección en el también derecho fundamental de tutela judicial del art. 24.1 de la Constitución, con especial recurso de amparo al Tribunal Constitucional.   Dichos derechos, en un especial “balancing” constitucional, exclusivamente en el marco de la propia Constitución, que excluiría incluso a leyes Orgánicas, dan como resultado, que difícilmente la “visceral” ocurrencia vejatoria por ende de la Alcaldesa, pudiese tener amparo de ningún tipo, menos en la propia libertad de expresión, – pues observen que también dicho derecho ampara a los afectados-, salvo que entienda libertades como libertinajes, derechos como caprichos subjetivos, y democracia, como anarquía.   Pero no sólo quedaría en el ilícito civil, además, entraría de pleno en el ámbito penal:

-Art. 173, 175 del Código Penal sobre trato degradante, los cuales, realizados por una autoridad, podía representar una pena de de dos a cuatro años de privación de libertad de ser cualificada como grave.

-Art.539 CP, referido a autoridad pública que impida la celebración de actividades o sus sesiones a una asociación legalmente constituida, podrá ser inhabilitada para sus funciones hasta doce meses.

-Art. 543 CP., referidos a ultrajes u ofensas a España pues dichos militares no dejan de ser un símbolo, idea, imagen del país, socialmente aceptada en la vida diaria, con pena de multa de hasta doce meses.

Por todo ello, convendrán, que se podría concluir que la Fiscal General del Estado decidiese entablar la oportuna querella sobre la responsable de dichos actos y expresiones, salvo que se opte como de costumbre por dejarlo correr por la consabida teoría del síndrome del emperador que desde hace tiempo parece se ha instaurado y campea a sus anchas en algún sector político concreto y del cual,  junto con su primordial bandera de la supuesta libertad de expresión, parece ser que nos quieren hacer comulgar, bautizándolo como una supuesta nueva democracia de tal pócima novedosa en todo el orbe democrático que nos dejan sencillamente “anonadados”

José Manuel Gómez López

Abogado

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